1º) Cartel de fabricantes de automóviles - Imposición de Sanción por la CNMC-

       En el año 2.015, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en virtud de Resolución de 23 de julio de 2.015 (Expediente S/0482/13 – Fabricantes de automóviles) impuso una sanción a diversos fabricantes de automóviles por importe global de 171 millones de euros.

       Según la Nota de prensa de la CNMC se consideró probada la comisión de una infracción única y continuada, prohibida por el Artículo 1º de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y por el Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas sancionadas mediante su Red de distribución y postventa: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales.

     Dichos intercambios de información se estructuran en un acuerdo complejo que se desarrolló, dependiendo de cada empresa, entre febrero de 2.006 hasta agosto de 2.013 a través del ámbito de la gestión empresarial, intercambiando información a través del denominado «club de marcas», o en actividades de postventa reuniéndose en los denominados «Foros de Directores de Postventa» y por último, en el área de marketing a través de las denominadas «Jornadas de Constructores»

2º) Causación de efectos perniciosos en la adquisición de vehículos (sobrecostes en la compraventa)

     Según la CNMC, las referidas conductas prohibidas y sancionadas en el Expediente aludido, consistentes en el intercambio de información sensible han ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado, al provocar una artificial disminución de la incertidumbre de las empresas en relación con la política comercial de sus competidoras. La consiguiente disminución de la competencia durante el extenso período en el que se produjeron los intercambios de información se ha traslado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad.

   En definitiva, y según expone la resolución de la CNMC «…el cártel de intercambio de información tenía como objeto y tuvo como efecto beneficiar exclusivamente a las marcas partícipes, en detrimento de los clientes y consumidores y de otros competidores que no participaron en el intercambio de información secreta y estratégica»

   En los hechos acreditados por la resolución de la CNMC considera acredito que hubo  Intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus Redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013, fecha de la realización de las inspecciones citadas.

   En estos intercambios habrían participado 20 empresas distribuidoras de diversas marcas de automóviles.

3º ) PRUEBA DEL PERJUICIO PRODUCIDO EN LA COMPRAVENTA DE VEHICULOS

    Para calcular los daños causados por el cártel de automóviles y fijar la cuantía reclamable, la resolución de la CNMC no ofrece valoración alguna, si bien sí estima producido un perjuicio indirecto en la fijación de precios finales al consumidor final:

«En este sentido, la conducta no se ha materializado en una fijación explícita de precios o cantidades por parte de los partícipes si bien no cabe duda de que constituye un intercambio de información periódica, detallada, sensible y estratégica, con identificación de las marcas, sobre márgenes comerciales y políticas de retribución de las redes de concesionarios para eliminar incertidumbres sobre la evolución del mercado y asegurar su estabilidad, lo que se traduce en una significativa restricción de la competencia en la fijación de los precios finales y en la determinación de las condiciones comerciales de los automóviles distribuidos por las respectivas redes de concesionarios, así como de los servicios posventa prestados en ellos.

La conducta se habría aquí traducido en una disminución de la incertidumbre a la que se habrían enfrentado las marcas, en ausencia del cártel, sobre las variables determinantes de la organización y gestión de sus redes de distribución comercial y de postventa, y de las del resto de marcas competidoras partícipes en los intercambios de información. La disminución de la competencia generada por tales intercambios de información durante los períodos en los que se produjeron se han traslado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las otras empresas con unos servicios de más calidad. Las marcas participantes en el cártel gozaron, por tanto, de una protección respecto de su funcionamiento en el mercado impropia de un entorno competitivo en ausencia de intercambio de información sensible, beneficiándose ilícitamente de una estabilidad artificial en sus actuaciones en el mercado afectado» (Pg. 92 Resolución CNMC)

   Para cuantificar el perjuicio ocasionado, es preciso aportar la documentación relativa a la compraventa del vehículo (factura de adquisición, contrato de compraventa, documentación relatiava a la titularidad del vehículo, etc…) junto con un informe pericial elaborado por Perito economista, que analice los concretos daños producidos en la compraventa del vehículo por el consumidor final. 

4º ) PRESCRIPCION Y EJERCICIO DE LA ACCION

   Sobre este punto, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de septiembre de 2.013, Recurso nº 2120/2011 se pronuncia sobre la prescripción en relación al ejercicio de acciones de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos, en base a una interpretación restrictiva de la prescripción, preservando el derecho del perjudicado al pleno resarcimiento en circunstancias en que no ha podido conocer el alcance del daño, y que lo haya sido por circunstancias no imputables a su persona, o su comportamiento, interpretando la expresión «desde que lo supo el agraviado,» con el criterio general que el perjudicado ha de tener un conocimiento cabal, información suficiente, del perjuicio sufrido para formular la correspondiente reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Recoge el TS unas pautas de la Comisión Europea de 2008, ya incorporadas plenamente a la Directiva 2014/104/UE y al Real Decreto-Ley por el que ésta se transpone, concretamente que el perjudicado tenga conocimiento -o se pueda esperar razonablemente que haya tenido conocimiento- de la conducta constitutiva de la infracción, de la calificación de tal conducta como infracción del Derecho de la competencia nacional o de la Unión, del hecho de que la infracción le ocasionó un perjuicio, y de la identidad del infractor que haya causado ese perjuicio.

   Y ello al estar la prescripción -en palabras del TS- basada no «en principios de estricta justicia sino de seguridad justicia y de presunción de abandono del ejercicio del derecho»

   En la STS de 8 de junio de 2.012 (Recurso nº 2163/2009) se remite a la doctrina consolidada en materia de prescripción entendiendo que el “dies a quo” debe situarse cuando se concreta en toda su dimensión el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización, momento en el que el perjudicado ha podido tener cabal conocimiento del perjuicio sufrido para formular la correspondiente reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Por tanto, resulta de aplicación la doctrina de la “actio nata” de modo que es cuando se confirma en vía judicial la resolución de la CNMC por resolución firme, dado el alcance y contenido del recurso de los concesionarios sancionados, el perjudicado está en condiciones del ejercicio de la acción, por lo que es cuando empieza el “dies a quo” en que la acción pudo razonablemente ejercitarse.

   En definitiva, el plazo comenzaría a computarse desde la firmeza de la Resolución de la CNMC.

Villapún & Mata Abogados

Escribir un comentario:

*

Tu email no será publicado.